Para el abogado Pablo Ghirardo, asesor sindical y militante de Derechos Humanos, los argumentos de los proyectos de ley sobre prisión domiciliaria para mayores de 65 años a estudio del Parlamento son fácilmente rebatibles. Se argumenta que con esa normativa se pretende reducir la población carcelaria, pero dijo que las personas que podrían ser contempladas por esta ley en caso de aprobarse serían 180, de más de 14.000 privados de libertad. Con respecto a la argumentación de disminuir las consecuencias del Covid 19, Ghiraldo dijo que la gravedad de esta enfermedad se dió cuando el proyecto fue presentado, pero no ahora.
Finalmente destacó que varias organizaciones fueron recibidas por la comisión parlamentaria que estudia este proyecto e “incluso se presentó documentación de distintas relatorías de la ONU que a nivel internacional fueron unánimes en cuestionar este proyecto de ley”. También este proyecto tiene un cuestionamiento del comisionado parlamentario para el sistema carcelario “cuyos informes son lapidarios respecto a la negatividad que tiene este proyecto de ley para la ciudadanía y para el cumplimiento del estado de derecho”, concluyó.
Pablo Ghiraldo junto a Fernanda Aguirre de la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT estuvieron en Paysandú participando de un conversatorio en la sede de Adeyom sobre los proyectos de ley que proponen prisión domiciliaria a mayores de 65 años, presentados uno por Cabildo Abierto y otro por el Partido Nacional.
