Categoría: Política

El presidente de la Junta Departamental, Francisco Gentile, dijo que el principal motivo por el cual no se convoca a la sesión extraordinaria que solicitan ediles nacionalistas y colorados, es porque se está en negociaciones con los funcionarios por sus reclamos con respecto a la presupuestación de dos funcionarias contratadas.

Gentile agregó que no se convocará a una sesión para tratar este tema cuando el mismo está en plena negociación. El edil frenteamplista indicó que se espera llegar a un acuerdo pronto, y si eso no sucede, se tendrá que recurrir al Ministerio de Trabajo para tratar de arribar a una solución.

La bancada de ediles del Partido Nacional continúa solicitando a la Presidencia de la Junta Departamental que se realicen sesiones para tratar varios temas que hay pendientes.

Concretamente ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado habían solicitado la realización de una sesión extraordinaria para este lunes 12 de junio, la que no fue convocada por la presidencia. Los temas que se proponía tratar por parte de los ediles convocantes eran la presupuestación de dos funcionarias de la Corporación, que actualmente están contratadas y que se desempeñan en el área Administración, y como segundo tema el proyecto de regularización de adeudos tributarios e infracciones de tránsito.

El edil Carlos Balparda del Partido Nacional, dijo que no conoce el motivo por el cual no se convoca a sesión, y “habría que preguntarle al Frente Amplio que es lo que tiene entre manos y por qué no quiere que se controle”. El edil agregó con respecto al tema de las dos funcionarias contratadas que “cumplieron todos los trámites que tenían que cumplir para estar donde están hoy y hay un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil que abala su contratación”.

El senador del Partido Nacional Dr. Jorge Larrañaga indicó en esta jornada de jueves en Paysandú que se debería “desempolvar un viejo proyecto que los diputados Mario Ayala de Artigas y Nicolás Olivera de Paysandú presentaron en la Cámara”, que propone crear un fondo de desarrollo del litoral con parte del producido de Salto Grande que ronda los 300 millones de dólares.

Larrañaga dijo que “esta idea fue apoyada por legisladores de todos los partidos en los últimos 20 o 25 años”, y con esto se pueden lograr “recursos económicos para Artigas, Salto y Paysandú para poder impulsar planes de desarrollo regionales en el litoral, y planes de viviendas para realojos”, para atender un tema recurrente como son los efectos que provocan las inundaciones en la población.

Estos recursos hoy “van al gobierno central y nosotros creemos que se puede destinar un porcentaje que habrá que discutir, del 7 u 8 %, para los gobiernos departamentales” de los tres departamentos mencionados, para tener recursos anuales de importancia que viabilicen obras, elementos de prevención y tratamiento de la zona inundable, para prevenir situaciones como las que se generan con crecientes como la que se está registrando ahora, indicó Larrañaga.

Derogación del delito de abuso de funciones

El senador nacionalista también indicó que no está de acuerdo con la derogación del delito de abuso innominado de funciones, que se votó en el Senado. El legislador indicó que no está de acuerdo que “mientras hay investigaciones en curso se intente derogar el delito de abuso de funciones” porque este hecho “habla de una suerte de indulto parlamentario hacia la política y los políticos”, agregando que esta acción “tiene nombre y apellido porque ya hay procesados en este sentido y porque hay investigaciones en curso”, concluyó Larrañaga.

Para el edil del Partido Nacional Dr. Marcelo Tortorella, “estamos asistiendo a un bloque institucional del funcionamiento orgánico de la Junta Departamental por parte del Frente Amplio”, haciendo referencia a la sesión extraordinaria pautada para este 31 de mayo que no se pudo realizar por falta de quórum, ya que la bancada oficialista no ingresó a sala.

En esta sesión se iba a tratar el proyecto de modificación presupuestal hasta el final del actual período, tema que tenía plazo hasta este 31 de mayo para ser tratado, y el proyecto de regulación de adeudos e infracciones de tránsito.

Tortorella dijo que esta decisión de no ingresar a sala dejó a la Junta Departamental sin ampliación presupuestal y dejó también a los vecinos y contribuyentes sin posibilidad de empezar a partir del lunes a ejecutar el plan de refinanciación de adeudos, como lo había anunciado el subdirector de Administración. El edil nacionalista agregó que esta medida es una decisión inédita que nunca se había dado en todos los años que tiene el proceso democrático del departamento. “Es la primera vez que un partido político, que además ejerce el gobierno, se niega a ingresar a sala para tratar temas que son inherentes a la comunidad”.

La sesión extraordinaria de la Junta Departamental pautada para la noche de este miércoles 31 no pudo realizarse al no haber quórum, ya que los ediles de la bancada del Frente amplio resolvieron no ingresar a sala.

En esta sesión se iba a tratar el proyecto de modificación presupuestal hasta el final del actual período, tema que tenía plazo hasta este 31 de mayo para ser tratado, y el proyecto de regulación de adeudos e infracciones de tránsito.

El presidente del cuerpo, Francisco Gentile, explicó que la decisión de no ingresar a sala se tomó en virtud de que, debido a las medidas del sindicato de funcionarios, la sesión ordinaria pautada para el viernes carecía de las pautas necesarias como la entrega a los ediles del repartido de temas. “Entendíamos que tanto una sesión como la otra tenían su importancia”, dijo Gentile, agregando que la gota que colmó el vaso fue que para una sesión hay medidas gremiales y para la otra no, y por eso se resolvió no ingresar a sala.

El diputado del Partido Nacional, Dr. Nicolás Olivera, solicitó que se trate en forma urgente en la Cámara el tema de la prohibición del fracking en el Uruguay. El planteo fue relazado en conjunto con los diputados Eduardo Rubio de Unidad Popular y Darío Pérez de la Liga Federal.

Olivera dijo que más allá de este tema, su posición es contraria a la explotación de petróleo en el país, ya que en el Uruguay “sobra energía limpia, renovable”, agregando que tener petróleo no significará una rebaja en el precio de los combustibles.

El Diputado del Partido Nacional, Dr. Nicolás Olivera, reclamó al Gobierno Departamental y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que tomen acciones reales con respecto a la situación del Vertedero Municipal.

Olivera convocó a la Comisión de población y desarrollo de la Cámara de Diputados a representantes de Primaria, INAU y Mides para solicitarles que actúen en este tema, donde se ha constatado que hay menores en el vertedero a pesar de su prohibición.

El legislador sanducero agregó que ya pasó el tiempo de reuniones, diagnósticos y propuestas, “lo que se necesita es ejecución, que los organismos nacionales y departamentales conjuguen las acciones” para solucionar este tema.

La diputada del Frente Amplio Dra. Cecilia Bottino, indicó que “todavía no está establecido que hayan sido no aportes” lo relacionado a los trabajadores de ALUR, agregando que se está prejuzgando para generar descrédito.

La legisladora indicó que no se va a adelantar a opinar sobre el tema y se tratará esta situación con responsabilidad por tratarse de dineros públicos y trabajadores.

Bottino indicó que llama la atención la postura de algunos legisladores que ya piden que se responda con los patrimonios de los directores ante esta situación, recordando que el diputado del Partido Nacional formó parte de la administración de gobierno anterior en el departamento, donde “se pagaban sobresueldos sin aportes, y ahora se horrorizan frente a esta situación”, cuando en este caso “ALUR se presentó ante el único organismo que puede determinar si hubo evasión o no”, para aclarar este tema.

El diputado por el Partido Colorado Walter Verri convocó a la Ministra de Industria con los directorios de Ancap y ALUR al parlamento para que den las explicaciones relacionadas al no pago al BPS por el trabajo cumplido durante 10 años por un grupo de trabajadores.

Verri dijo que “la ciudadanía tiene derecho a saber cómo es posible que una empresa pública que tiene la obligación de cumplir con las normas, y que el Estado hace cumplir a los privados, pueda evadir los aportes a la seguridad social durante 10 años, perjudicando al Estado pero también perjudicando a los trabajadores, ya que muchos de esos trabajadores pudieron haberse jubilado y esas partidas no fueron tenidas en cuenta en su jubilación”.

El legislador agregó que tampoco es de recibo lo expresado por el expresidente de ALUR, el senador Leonardo de León, quien dijo que esos dineros fueron entregados en carácter de donación. Verri aseguró que si esto fue así, “realmente estamos en problemas con el manejo de las empresas públicas por parte del Frente Amplio, porque si alguien puede donar 400 mil dólares por año sin que nadie se entere durante 10 años, y pasar de un directorio a otro haciéndolo, me parece que la impunidad es muy grande”, concluyó el legislador sanducero.

El diputado del Partido Nacional Dr. Nicolás Olivera solicitó a la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados que convoque al directorio de Ancap para que de explicaciones sobre la falta de aportes a la seguridad social de trabajadores de ALUR durante 10 años.

Olivera dijo que el propio organismo que fue dirigido por el senador Leonardo de León y el actual vicepresidente Raúl Sendic, reconoció que “esas partidas son partidas salariales por las cuales se debería haber tributado al BPS”, agregando que si ALUR “evade los aportes, que le podemos decir al pequeño o mediano comerciante, en donde la presión fiscal del Estado hoy es de tal magnitud que es como tener un socio”.

El legislador también dijo que se le planteará al directorio de Ancap que se aplique la ley de Sociedades Comerciales, la que determina que cuando el administrador o los directores de una Sociedad Anónima son negligentes y actúan con culpa grave, deben reparar el daño con su patrimonio, indicó Olivera.