El Poder Ejecutivo apelará el fallo judicial por el cual se prohíbe la vacunación contra Covid-19 a menores de 13 años.
La resolución fue anunciada este 7 de julio por el secretario y el prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente, en respuesta al dictamen judicial conocido en la jornada. “Los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este fallo es un disparate, que indica que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las farmacéuticas privadas. Esto, para el Gobierno, es un argumento inadmisible”, enfatizó Delgado. Y añadió: “Como ciudadano y como padre, que un juez suspenda una vacunación voluntaria contra la indicación de la ciencia preocupa enormemente”.
En conferencia de prensa, el secretario de presidencia agregó que el Gobierno respeta a la Justicia tanto como a la ciencia, por lo que el Ministerio de Salud Pública suspendió de inmediato la vacunación voluntaria a menores de 13 años, como lo dictaminó el juez.
Agregó que se apelará la decisión y que, a su entender, este juez transfirió al ámbito de la Justicia la responsabilidad de una posible afectación de la salud de los menores cuyos padres querían que fueran inoculados.
Informó que están habilitados para recibir su segunda dosis 5.800 menores, muchos de ellos con prescripción médica, además de los que se vacunarían con la primera dosis.
Recordó que este plan fue muy estudiado en Uruguay y avalado por la academia, además de ser totalmente voluntario, con un gran porcentaje de adhesión en el país, lo que posibilitó la situación sanitaria actual.
El jerarca expresó que espera que en pocos días, a partir de la apelación que se presentará, los padres que quieran vacunar a sus hijos puedan hacerlo. El fallo del juez, además de poner en riesgo la salud de los menores, está cuestionando el trabajo de la comunidad científica uruguaya, remarcó Delgado.
Por su parte, Ferrés señaló: “Estamos ante una situación compleja desde el punto de vista judicial, y el fallo, desde el punto de vista jurídico, es un disparate”.
Explicó que, para solicitar una acción de amparo, se debe estar lesionado en un derecho subjetivo y que, en este caso, se interpuso la de una persona por sí y representando intereses difusos. “Eso es una falta de legitimación para actuar”, señaló. Además, detalló que para hacerlo hay un plazo de 30 días desde que puede haber peligrado un derecho, y la vacunación a menores comenzó en el mes de enero de este año.
Asimismo, mencionó que fijar y conducir la política sanitaria son cometidos del Poder Ejecutivo, por lo que se apelará de inmediato.
En base a Secretaría de Comunicación Presidencia de la República
