Categoría: Nacional

Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) aseguran que el Gobierno “profundiza la rebaja salarial a costo de la salud de los trabajadores” y expresaron que la firma del decreto fue unilateral por parte de la autoridades, lo que consideraron “violatorio de las normas legales vigentes” en Uruguay ya que, entre otras cosas, “no hubo ninguna convocatoria a una negociación colectiva”.

COFE se refirió al decreto reglamentario que firmó el Gobierno el pasado 21 de julio de este año referente a las licencias médicas en el sector público y adelantó que se presentará un recurso administrativo y de inconstitucionalidad.

Según aseguraron desde COFE, la firma de ese decreto se dio “en forma unilateral, sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva” y establece el descuento del 25% del salario en el caso de que las certificaciones médicas superen los 9 días continuos o fraccionados en un año.

“La Ley 18.508 de negociación colectiva en el sector público establece con suma precisión que las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral son materia obligatoria de negociación entre las partes”, expresó el Consejo Directivo de COFE.

Aseguraron que este decreto rebaja el salario de los trabajadores públicos en situaciones de enfermedad y criticaron el hecho de que no haya pasado “por ninguna instancia de negociación colectiva”.
“Ni siquiera existió una reunión de comunicación previa en los ámbitos establecidos por disposición legal. La arremetida del Gobierno no respeta leyes siempre que en el horizonte esté el descuento, la rebaja salarial y el ajuste hacia los trabajadores”, opinaron.

Para COFE, el objetivo del Gobierno es “recaudar, ajustar a costa de la salud de los trabajadores, cuando el trabajador y su familia se encuentran con mayor fragilidad”, algo que según dicen “da cuenta de la postura de la coalición de Gobierno”.
“A los efectos de profundizar el recorte, al Poder Ejecutivo no le basta solo con el descuento salarial, sino que también el decreto establece que, si el monto del subsidio por enfermedad supera los $67.042, se aplicará el IRPF, recaudando también por la vía de ese impuesto”, explicó la Confederación.

Aseguraron que es “insólito” lo dispuesto en el artículo 24 del decreto mencionado: “Si bien en los artículos 19 a 22 se establecen algunas situaciones de excepción al descuento, que estaban recogidas en la Ley, dado que no se dispone con claridad cuáles son las enfermedades que podrían no generar descuento, la norma prevé descontar como principio primario. En todo caso, el funcionario será quien deberá probar luego, por la vía de una petición administrativa, si el descuento se aplica o no”, indicó COFE.

Reclamaron el hecho de que en caso de enfermedades complejas, como las oncológicas, cardiológicas, neurológicas o de otra índole igual de graves “pasarán por el descuento y luego será el funcionario que deberá probar que las mismas se encuadran en las excepciones previstas”.
“Qué fácil resulta para este Gobierno legislar y firmar decretos cuando los perjudicados son los trabajadores. El fundamento para aplicar los descuentos es puramente recaudatorio, bajar el gasto a costa de la salud de los trabajadores, sin ninguna instancia de negociación colectiva, ni análisis ni valoración por parte del Poder Ejecutivo de otras alternativas, previas a aplicar la rebaja del salario”, afirmaron.

Y añadieron: “Diversos actores del Gobierno señalan situaciones de eventuales abusos en el uso de licencias médicas. Sin embargo, considerando los datos publicados por el Servicio Civil, para los trabajadores de la Administración Central, sin considerar el Ministerio del Interior, en 2022, el promedio de días de certificaciones médicas sobre el total de días trabajados fue de un 3%. Esto significa que el 97% del total de jornadas del año no correspondieron a certificación médica sino a días normales de trabajo o correspondiente a licencia reglamentaria”, explicó COFE.

Indicaron que, considerando los días promedio de certificaciones médicas por cada trabajador que se certifica, esas cifras del sector público son similares a las del sector privado.
“El decreto unilateral del Gobierno es violatorio de normas legales vigentes en nuestro país, por lo que COFE procederá a presentar un recurso administrativo contra el mismo”, anunciaron.

“El régimen dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la Ley 20.075 es manifiestamente inconstitucional, de acuerdo a informe elaborado por el Dr. Daniel Ochs, por lo que se procederá también al recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, siendo violatorio de la justa remuneración, el principio de igualdad, la negociación colectiva así como el principio de proporcionalidad”, indicó el Consejo Directivo de COFE.
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El Poder Ejecutivo publicó el decreto por el cual se reglamenta un nuevo régimen de licencias por enfermedad para los funcionarios públicos, donde entre otras cosas se establece nueve días hábiles de licencia remunerada al año, más allá de ese período se regulará por subsidio. Con esta normativa se reglamenta la aplicación de los artículos 13 a 29 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022.

El decreto determina que “los funcionarios comprendidos en el régimen que se reglamenta, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles al año de licencia remunerada, para cubrir períodos de inasistencia, alternada o consecutiva, por enfermedad o accidente. Los días de licencia remunerada por enfermedad se generarán el 1o de enero de cada año y se podrán usufructuar hasta el 31 de diciembre del mismo año, no resultando acumulables para el año siguiente. Los funcionarios designados en el curso del año civil tendrán derecho a los días de licencia remunerada por enfermedad que puedan corresponderles proporcionalmente desde su ingreso hasta el 31 de diciembre”.

“Los funcionarios que acrediten certificación médica percibirán, a partir del décimo día de inasistencia en el año, de forma alternada o consecutiva, hasta su reintegro a la actividad, un monto equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) o al 100% (cien por ciento) de su salario por todo concepto según corresponda, excluidos los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras”.

“Los días de licencia remunerada por enfermedad se generarán el primero de enero de cada año y se podrán usufructuar hasta el 31 de diciembre del mismo año, no resultando acumulables para el año siguiente”.

El presente Decreto reglamenta el régimen de licencia y subsidio por enfermedad para funcionarios públicos establecido en los artículos 13 a 29 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022.

Es aplicable a los funcionarios públicos que se desempeñen en el Poder Ejecutivo, con excepción de los funcionarios diplomáticos del servicio exterior que se encuentren en misión en el extranjero. Para funcionarios del Poder Judicial, con excepción de los Magistrados y Defensores Públicos. También se aplica a funcionarios del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los Servicios Descentralizados, con excepción de los funcionarios del escalafón N de la Fiscalía General de la Nación.

El decreto determina que podrán adoptar el régimen que se reglamenta por el presente, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, el Poder Judicial respecto a los Magistrados y Defensores Públicos. la Fiscalía General de la Nación respecto a los funcionarios del escalafón N, y el Ministerio de Relaciones Exteriores con relación a los funcionarios diplomáticos del servicio exterior, que se encuentren en misión en el extranjero.
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En convenio con la Fundación Braille del Uruguay (FBU), la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) prepara la primera impresión de 100 ejemplares de la Constitución de la República en sistema braille, los que serán repartidos en bibliotecas e instituciones públicas de todo el país, cumpliendo con los objetivos de accesibilidad para personas ciegas y con baja visión.

El objetivo de las partes es “mantener vivo el sistema de lectoescritura de Braille”, dirigido a personas ciegas, al tiempo que lo es la entrega de materiales accesibles que redunden en la adquisición del “conocimiento normativo para dar a conocer los derechos y obligaciones”, según dijo el director, Fernando Abellá. Y añadió que “la distribución de estos materiales nos parece clave para incentivar la construcción de ciudadanía y de democracia”.

Las personas ciegas y con baja visión en todo Uruguay contarán con una Constitución impresa y accesible. De esta manera, no solo se pretende llegar con el material a liceales sino también a los estudiantes de Derecho. La presidenta de la FBU, Carla Trivelli, indicó que, “si bien hay muy poca gente con discapacidad visual que llega a estudios terciarios, en las áreas donde hay más son en abogacía y psicología”, por lo que “todo lo relativo a leyes les va a aportar muchísimo para su estudio”.

En este sentido, la especialista reivindicó la importancia del sistema táctil: “No es igual la incorporación del conocimiento escuchándolo que leyéndolo. Es el caso de las leyes, del estudio del idioma español y de lenguas extranjeras, del estudio de la musicografía, de las ciencias duras como la matemática y la física. El Braille es imprescindible y, hasta el momento, es insustituible”.

Abellá adelantó que continuarán con la producción de otros materiales jurídicos. Entre ellos, en lenguaje jurídico claro. Esta iniciativa se inserta en el proceso de modernización institucional que lleva adelante el IMPO, el que ha asumido desafíos en tres rubros principales: discapacidad, educación y medio ambiente; y que tiene acciones previstas para los próximos meses.

Respecto al primero, la producción de textos en Braille y en Macrotipo (sistema para personas con baja visión) es una de las tareas que asumió una comisión de trabajo que, además de representantes del IMPO, está integrada por personas con diferentes discapacidades como asesores. “Uno de los grandes problemas con las políticas sobre discapacidad es que muchas veces no se tiene en cuenta a las propias personas; no se las hace parte del proceso de decisión y de cambio”, explicó Abellá.

En este sentido, IMPO y la Red de Empresas Inclusivas participan del proyecto “Estamos a tiempo” para la construcción de una biblioteca digital para estudiantes ciegos o con baja visión para que accedan a textos educativos en formato digital y/o en audiolibros. Ahora IMPO prepara la impresión de los primeros 100 ejemplares de la Constitución de la República en Braille y se prevé que se continúe la tarea con otros materiales jurídicos.

Por día, la imprenta de la FBU completa 15 libros correspondientes a la Carta Magna. La tapa es a color; el resto son páginas blancas y duras para soportar el relieve.

“En el aprendizaje de cada día descubrimos la importancia del Braille. Vimos que los avances tecnológicos hacen que se vaya perdiendo, así que nos pareció muy importante crear material en ese formato. Obviamente este es un primer paso. Se necesita mucho trabajo, esfuerzo y coordinación con otros organismos para que esto realmente tenga un impacto grande en el país”, afirmó Abellá.
Por su parte, Trivelli añadió que “esta iniciativa disminuye las brechas gigantes que existen entre los materiales convencionales y los accesibles”.

Otros proyectos

Para garantizar la accesibilidad a distintos materiales jurídicos, IMPO trabaja estrechamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), con distintos consultorios jurídicos de Montevideo e interior del país y con intendencias. “Trabajamos con ellos en la formación de nuevos servicios que vamos a prestar; pronto van a tener novedades”, adelantó el director. En este sentido y con el objetivo de la modernización institucional, se sumará a la Facultad de Ingeniería de la Udelar en un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la digitalización y divulgación de contenidos.

“La digitalización abarca mucho más de lo que uno comúnmente se imagina. Debemos preservar la normativa que, en muchos casos, se está perdiendo por el deterioro natural y no está en condiciones adecuadas en formato papel. Todo ese trabajo de rescate de normativa es muy importante y seguimos apuntando a ese camino”, dijo Abellá.
Y concluyó: “Conocer nuestros derechos y obligaciones nos hace libres. Y por supuesto, es necesario para fomentar y cultivar una ciudadanía activa y participativa”.

La Diputada del Frente Amplio Cecilia Bottino asiste a las reuniones que desarrolla la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, analizando una Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo que se prevé, nuevamente, de ajustes y recortes. Esta semana concurrieron a la reunión representantes de la Fiscalía General de la Nación.

La legisladora sanducera manifestó su preocupación porque en su mensaje presupuestal, el Poder Ejecutivo no considera el planteo de creación para Paysandú de una Fiscalía Departamental Especializada en Género. La iniciativa planteada no fue considerada por el Poder Ejecutivo por lo que no aparece en el texto de la Rendición de Cuentas.

La Fiscalía consideró que al incrementarse el número de denuncias de delitos de Violencia basada en Género, Doméstica y Sexual en el Departamento y teniendo en cuenta que se va a crear un Juzgado Especializado en Violencia basado en Género, es imprescindible la creación de esa Fiscalía Especializada.

Bottino manifiesta que “nuevamente nuestro Departamento se ve perjudicado, en el marco del recorte generalizado de recursos presupuestales para Fiscalía debido a que el Poder Ejecutivo ignora la gran mayoría de las aspiraciones de la Fiscalía y también de las reivindicaciones de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay”.

En la continuidad de la reunión de la Comisión de Presupuesto, fue recibida la delegación del Poder Judicial que incluyó partidas necesarias para la creación de un Juzgado en Paysandú, especializado en “Violencia hacia las Mujeres basada en Género”.
La propuesta incluye cargos de Defensoría y de Equipo Interdisciplinario y está fundada y plenamente justificada como un desafío trascendente para el Poder Judicial.

A pesar de todo el argumento establecido y la necesidad de su creación, el Poder Ejecutivo no concedió los recursos que le solicitara el Poder Judicial.

Desde el Poder Judicial se expresa que se solicitó para Paysandú, en un artículo separado al resto del país, teniendo en cuenta que ya existe un inmueble, cedido en comodato por parte del Ministerio de Salud Pública con la finalidad de instalar dicha sede.

La solicitud del Poder Judicial es el refuerzo presupuestal que se necesitaría para poder concretar el planteo de creación e instalación del Juzgado en Paysandú, especializado en “Violencia hacia las Mujeres basada en Género”.
Otra vez, desde el Poder Ejecutivo se impide que prospere el planteo determinando recortes y manteniendo su ignorancia del importante rol que debería cumplir dicho Juzgado en el Departamento, remarcó la legisladora.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) publicó el reporte de los datos relacionados a los cambios de compañía de telefonía celular por parte de los usuarios en base a la normativa de Portabilidad Numérica, que permite cambiarse de compañía manteniendo el número. La Ursec también informó sobre el descenso en el precio promedio del servicio que se ha verificado desde que comenzó a aplicarse esta normativa.

Hasta el 30 de junio pasado los datos indican que 98.976 clientes cambiaron de prestador.

Desde que comenzó a aplicarse la portabilidad numérica el 12 de enero de 2022, Antel recibió 37.821 usuarios de otras empresas, y perdió 38.619, determinado un saldo negativo de 798 clientes.

La empresa Claro, la única de las tres telefónicas con saldo positivo, captó 30.500 nuevos clientes y perdió 23.865. El saldo positivo es de 6.635 clientes.

Por último Movistar, portó 31.154 usuarios y perdió 36.991, con un saldo negativo en 5.837 clientes.

El informe también indica que desde el comienzo se han rechazado por parte de la empresa donante 103.442 solicitudes y otras 45.148 fueron rechazadas por el Administrador de la Base de Datos (ABD).

Otro dato que se aporta por parte de la Ursec es una comparativa de precios de la tarifa de comunicación y de la tarifa de navegación. Se desprende de estos datos que hay un descenso en el precio promedio mensual del contrato del 14% y un descenso de casi 80% en el precio promedio del GB.

El informe indica que “se puede concluir que el impacto de la implementación de la Portabilidad Numérica en los planes de telefonía móvil ofrecidos por los Operadores de Servicios de Telefonía Móvil (OSTM), ponderado por los meses de duración de los respectivos contratos, continúa reflejando un descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden de más del 14% (a precios corrientes, sin considerar la inflación), acompañado por un descenso de casi 80% en el precio promedio abonado por GB y un incremento de casi 225% en el rendimiento en GB de los planes considerados (más que se triplicó el rendimiento en GB)”.

“El análisis de las variaciones de precios antes señaladas se observa en el marco de la implantación de la Portabilidad Numérica, lo que podría estar indicando que los efectos mostrados pueden estar asociados a una mayor competencia generada a partir de este fenómeno; sin perjuicio que pudiera haber alguna otra estrategia competitiva por parte de los OSTM que pudiera coexistir concomitantemente con la Portabilidad Numérica”.
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