El Gobierno uruguayo decidió implementar en 2017 el “etiquetado genérico” en las cajillas de cigarrillos, que incluye forma y color únicos, mayores advertencias sanitarias y marcas sin variantes, es decir con igual tonalidad y tipografía. El objetivo es bajar 20 % la prevalencia del consumo en la población en general, indicó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, quien agregó que también se estudia el aumento del precio.
En conferencia de prensa este miércoles 13 de julio en la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP), el ministro Basso expresó su satisfacción por los resultados favorables a Uruguay en el proceso judicial tramitado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ante la demanda presentada por la empresa tabacalera transnacional de origen estadounidense Philip Morris.
En la oportunidad, felicitó al equipo jurídico y médico que trabajó en ese proceso de seis años, además de resaltar la claridad del fallo y que el tribunal haya desestimado cada una de las demandas presentadas en la ocasión.
Basso aclaró, sin embargo, que aunque el fallo hubiera sido adverso no se modificaría la política antitabaco que Uruguay implementa.
En este contexto, informó que es una meta de este quinquenio (2015-2020) abatir los índices de prevalencia de consumo en 20 %.
En la actualidad, 22 % de la población uruguaya adulta aún mantiene el hábito de fumar, según datos de la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística de 2014. En 2006 ese indicador llegaba a 32 %. En cuanto a adolescentes de 13 a 15 años, en 2006 era 20,2 % y actualmente se encuentra en 8,2 %.
Según el ministro, una forma de reducir la prevalencia es la implantación del etiquetado genérico, esto es forma y color únicos, acompañado de la ampliación de las advertencias sanitarias y la concreción de marcas sin variantes, mediante tipografía y color únicos.
“Este etiquetado elimina todo tipo de atractivo que puedan tener las presentaciones de tabaco, atractivos sensoriales vinculados a colores, sabores, aromas, tipo de filtro y papel, cualquier elemento que pueda identificarse como particularmente atractivo para algún sector de la población”, detalló Basso.
“Incluye además amplias advertencias sanitarias (se prevé rotación para no generar acostumbramiento) y evita el engaño al consumidor a través de términos y colores”, argumentó.
El ministro explicó que el proceso ya comenzó, pues actualmente varias facultades trabajan en un proyecto que procura elaborar una propuesta oportuna para la población uruguaya, en base a un modelo originado en Australia, basado en la percepción de las personas ante distintas cajillas.
“Es un proceso con respaldo científico, jurídico y técnico”, dijo el titular de Salud Pública, quien estimó que en 2017 estará instrumentado el nuevo etiquetado.
Basso agregó que las decisiones del Gobierno respecto a la política antitabaco no son sugestivas, arbitrarias, improvisadas ni sin evidencia. Dijo que de igual forma se llevó adelante el proceso de defensa en el juicio contra las tabacaleras.
En paralelo a los avances que implican esta medida, indicó que continuarán los protocolos para el control del comercio ilícito de tabaco, en procura de limitar al máximo el ingreso de cigarrillos de contrabando. Para concretarlo, hace un tiempo se creó una comisión intersectorial “buscando ser lo más eficientes posibles”, agregó.
Asimismo, continuará el trabajo en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco y la colaboración con otros países.
En cuanto al precio, el ministro recordó que fue ajustado en febrero pasado y se estudiarán nuevas subas, ya que el aumento es una medida importante para bajar la prevalencia.
Consultado sobre el enfoque de las próximas campañas antitabaco, puntualizó que se dirigirán a las poblaciones más vinculadas con el consumo, personas más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, mujeres jóvenes, en quienes la industria tabacalera hizo foco, embarazadas y los trabajadores de la salud.
También sostuvo que el ministerio trabaja con el PIT-CNT para incidir en los trabajadores de la construcción, que registran altos indicadores de consumo de tabaco.